Antes de que la Cámara de Diputados aprobara la Ley de Operaciones de Crédito Público, un grupo de intendentes justicialistas, junto a concejales y diputados provinciales del PJ, había manifestado públicamente su rechazo al tratamiento acelerado del proyecto de endeudamiento impulsado por el Gobierno de San Juan.
A través de un comunicado conjunto, los dirigentes expresaron que no estaban en contra de la obra pública ni del financiamiento para proyectos de desarrollo, pero advirtieron sobre la necesidad de contar con información precisa y suficiente antes de avanzar con una autorización para contraer deuda.Del pronunciamiento participaron los intendentes de Calingasta, 25 de Mayo, 9 de Julio, Caucete, Chimbas, San Martín y Pocito, quienes sostuvieron que la obra pública es una herramienta fundamental para el crecimiento de la provincia, la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida de los sanjuaninos.
Sin embargo, plantearon su preocupación porque, según indicaron, no se habían detallado aspectos considerados esenciales, como el destino específico de los fondos, las obras que se financiarían, las condiciones financieras del crédito, los plazos de amortización, las tasas de interés y el impacto que tendría el endeudamiento sobre las finanzas provinciales en los próximos años.En el documento, los jefes comunales remarcaron que toda estrategia de inversión pública debe contemplar una distribución equilibrada de los recursos y una participación activa de los municipios, fortaleciendo una visión federal del desarrollo provincial.
Asimismo, señalaron que el acceso al financiamiento puede ser una herramienta válida cuando está orientado a proyectos concretos y estratégicos, pero consideraron indispensable que la ciudadanía y los municipios conozcan con claridad para qué se tomará la deuda, cuánto costará y de qué manera será afrontada.Por ese motivo, los intendentes justicialistas manifestaron su rechazo al tratamiento exprés del proyecto y reclamaron un debate más amplio y transparente antes de su aprobación legislativa.Pese a esa postura, la Cámara de Diputados avanzó con el tratamiento de la iniciativa y finalmente aprobó la Ley de Operaciones de Crédito Público, habilitando al Poder Ejecutivo a gestionar financiamiento en los mercados nacionales e internacionales.
