A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo reemplazó la prohibición previa por un sistema de autorización y control a cargo del Registro Nacional de Armas
Con nuevas condiciones y requisitos más estrictos, el Ejecutivo nacional reemplazó la prohibición vigente por un sistema de permisos regulados.
El Gobierno de Javier Milei oficializó una medida que marca un cambio importante en la política de control de armas en la Argentina: desde ahora, los civiles podrán comprar y tener fusiles semiautomáticos de uso civil condicional, bajo autorización del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad.
La resolución fue publicada este martes en el Boletín Oficial y deja sin efecto la normativa que prohibía el acceso de particulares a este tipo de armamento. En su lugar, se implementa un régimen más estricto de control y registro, centrado en la justificación deportiva y la trazabilidad del material.
Según la nueva disposición, los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán adquirir armas semiautomáticas con cargadores desmontables —como fusiles o subametralladoras derivadas de modelos militares— siempre que cumplan con una serie de requisitos específicos.
Entre las condiciones establecidas, se exige acreditar la identificación exacta del arma (marca, modelo, calibre, número de serie y CUIM), disponer de un sistema de almacenamiento seguro tipo G2, presentar una declaración jurada con documentación respaldatoria y demostrar un uso deportivo comprobado.
También deberán contar con una antigüedad mínima de cinco años como legítimos usuarios, no tener sanciones ni trámites pendientes ante el RENAR y abonar la tasa correspondiente al trámite.
La medida se enmarca en una política de flexibilización gradual iniciada en junio, cuando el Gobierno había derogado un decreto de la década del 90 que restringía la compra de este tipo de armas a civiles. Con esta nueva resolución, se establece el procedimiento legal que permitirá acceder a los permisos de forma controlada y fiscalizada.
Fuentes oficiales sostienen que el objetivo es “reemplazar un sistema prohibitivo por uno de control eficiente”, enfocado en el uso deportivo y el cumplimiento estricto de las normas vigentes.
